VEINTE AÑOS DE CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
SU SIGNIFICACIÓN PARA CUBA

Pío E. Serrano

 

España acaba de celebrar un aniversario mayor de la Constitución de 1978. Se asentaban allí los principios generales sobre los que habría de discurrir un proceso democrático recién inaugurado. En un país de breves períodos de experiencia democrática y recién salido -por la muerte del Caudillo- de una dictadura de cuatro décadas, resultado de una trágica guerra civil, el proceso de transición hacia la democracia y su confirmación constitucional resultó, sin embargo, modélico en cuanto a la capacidad de diálogo y tolerancia entre las partes implicadas.
Desechada la opción de ruptura preconizada por algunos, las fuerzas políticas emergentes y las provenientes del antiguo régimen se inclinaron razonablemente por la reforma consensuada, cuyo primer garante era el Rey, legitimado ante las fuerzas conservadoras por los instrumentos legales establecidos por el propio Franco e investido ante las fuerzas progresistas por la autoridad moral adquirida por la manera en que supo poner en marcha el proceso de transición.
Con la designación de Adolfo Suárez, un burócrata de segundo orden del antiguo régimen como Presidente del ejecutivo, después del breve gabinete de Arias Navarro, el Rey abre las puertas a un joven personaje que habría de conseguir desde la rancia legalidad heredada que las Cortes franquistas se autodisolviesen y diesen paso a un sistema bicameral basado en el sufragio universal. Con la legalización de los partidos políticos, incluido el comunista en 1977, y de los poderosos sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO), fuertemente introducidas en el sindicato vertical oficialista, el país pudo configurar un plural entramado de opciones políticas e ideológicas. Un posicionamiento hacia el centro moderó los extremos del espectro político gracias a la madurez y responsabilidad de los dirigentes políticos, en respuesta a las demandas de una sociedad que había conocido en el tardofranquismo un desarrollo económico moderado y deseaba un cambio sin riesgos que no pusiese en peligro su estatus socioeconómico. Así quedaron constituidos dos grandes bloques situados en el centro-derecha y en el centro-izquierda. El primero integrado en la Unión de Centro Democrático (UCD), lidereado por Adolfo Suárez y que imantaba a liberales y socialcristianos; el segundo, con Felipe González como líder, agrupaba a los socialdemócratas bajo las siglas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). A ambos lados, partidos menores, pero con suficiente representatividad, como la conservadora Alianza Popular de Manuel Fraga y el Partido Comunista de Santiago Carrillo. Y todavía una constelación de pequeñas organizaciones políticas que no habrían de sobrevivir a las primeras convocatorias electorales. Desde la periferia dos grandes corrientes nacionalistas, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la coalición catalana de Convergencia y Unión, de ideología centro-derechista, signaba sus posiciones desde los intereses específicos de sus respectivas comunidades.
Ese escenario político, plural y heterogéneo pero con la suficiente responsabilidad como para practicar la tolerancia y el consenso posibilitó la redacción y aprobación por referéndum de la Constitución de 1978, la primera Carta Magna española resultado del pacto y no impuesta por los sectores dominantes. Una de las constituciones más liberales del contexto europeo, que habría de dotar a los ciudadanos de un sistema socioeconómico y de los instrumentos democráticos aceptables para todos.
La peculiaridad de la transición española y su institucionalización, vía la Constitución, a diferencia de otros modelos europeos -Grecia y Portugal- quizá radique, entre otros aspectos, en la relativa prosperidad económica que disfrutaba la mayoría de la sociedad española. Los últimos gabinetes de Franco, integrados en parte por eficaces tecnócratas, la multiplicación del turismo, las remesas de los emigrantes y las inversiones extranjeras dieron al país una prosperidad que paliaba la ausencia de ciertas libertades. Esto propició que, por una parte la sociedad rechazase el modelo continuista, pero que, por otra, no deseaba poner en peligro el bienestar alcanzado. Otro factor diferenciador sería la figura del rey, convertido en discreto poder moderador.
En qué medida la experiencia española pudiera servir de modelo a la transición cubana es un supuesto que habría que analizar con cuidado. Me limitaré únicamente a señalar algunas de sus diferencias. En primer lugar la Isla padece de un empobrecimiento económico estructural, cuyo saneamiento a medio plazo es visto con pesimismo por economistas tan solventes como Carmelo Mesa-Lago. Cuatro décadas de políticas económicas contradictorias e ineficaces han arrasado con la planta industrial del país y la producción agropecuaria. La sociedad civil ha sido minuciosamente borrada y el país carece de figuras con suficiente peso moral como para poder ejercer un poder moderador. Carece también Cuba de la experiencia de sindicatos paralelos y de partidos políticos en la clandestinidad de sostenida oposición al régimen y de señas de identidad reconocibles por la población.
En España, a diferencia de Cuba, después del hecho biológico, se transitó de una dictablanda que comenzó a mostrar sus perfiles menos siniestros desde finales de la década del cincuenta. Es cierto que el franquismo aún fue capaz de mostrar una severa represión sobre trabajadores, estudiantes y de fusilar opositores en fecha tan tardía como 1974, pero carecía de los registros totalitarios que perviven en el régimen cubano hasta la fecha. En Cuba la transición habrá de comenzar desde la frontera misma del Estado totalitario, con todo lo que ello implica de aberrante en lo económico, sociológico y psicológico.
Pero no sólo en el pasado-presente se encuentran los males que acechan a los cubanos. La experiencia española también nos podrá servir para evitar males futuros. Una primer etapa de recuperación de la nación cubana habrá de pasar por la recuperación de esa sociedad civil activa, cauce moderador de los partidos políticos. Las organizaciones políticas sólo podrán ejercer sus funciones en la gestión pública a partir de los intereses y necesidades de la sociedad civil y no al revés. La futura Constitución cubana habrá de prever la nítida separación de los poderes para que el Estado no quede secuestrado por los intereses partidistas, no siempre en correspondencia con los de la sociedad. Leyes complementarias de la Constitución, como la de los partidos políticos deberán considerar las medidas para que éstos no se conviertan en poderosos y gigantescos organismos urgidos de una desmesurada financiación, grieta por donde la corrupción pone en peligro la democracia.
Quizá el factor más extrapolable al futuro cubano de la transición española y su consolidación en la experiencia constitucional descanse en el factor subjetivo: el coraje para pasar la página del pasado, la capacidad para ejercer de manera efectiva la tolerancia, la responsabilidad para aprender a convivir en la diferencia, la madurez para depositar en el diálogo la razón. En la plural geografía de Cuba, en palabras de Gastón Baquero, dentro y fuera de la Isla, se ha producido un cambio generacional y somos muchos los que soñamos con ese horizonte.