LA TREGUA DE ETA

Luis Arranz

 

Se cumplen ahora tres meses desde que la banda terrorista ETA decidió establecer una tregua indefinida. La reacción inicial fue de una profunda desconfianza -más atenuada entre los ciudadanos del País Vasco-, pero resulta cada vez más evidente que una vuelta a los asesinatos y las bombas supondría para los terroristas un coste político y policial prohibitivo al que no podrían sobrevivir.
Las razones para este abandono al cabo de treinta años de terror son complejas, aunque se impone la evidencia del fracaso -similar al sufrido durante el siglo pasado por el carlismo- de derrotar por las armas al Estado constitucional, sin haberlo logrado tampoco con el franquismo, pese a las fantasías megalómanas de los etarras -y no pocos demócratas- acerca de los efectos del asesinato de Carrero Blanco sobre la posibilidad misma de la transición política a la democracia.
El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, ha resumido bien las razones de esta derrota implícita: la negativa a endosar y avalar políticamente la violencia terrorista por parte de una gran mayoría de los ciudadanos vascos y españoles, que se mostró aplastantemente cuando el asesinato del concejal del Partido Popular en la localidad vasca de Ermua, Miguel Ángel Blanco; la intensificada cooperación antiterrorista francesa y un cambio en los planteamientos políticos de la izquierda pro-terrorista vasca. Desde luego, si algo ha cambiado a fondo en la izquierda española, entre las muchas cosas que ha tenido que replantearse en estos veinte años de democracia, ha sido la mirada comprensiva con que tendía a considerar a ETA en los años sesenta y setenta.
Mayor Oreja rechaza expresamente que convenga a nadie colgarse medallas y, menos, cuando la paz dista de encontrarse definitivamente asegurada, pero tampoco hay muchas dudas de que la política antiterrorista que él ha representado, de aplicación rigurosa de la ley, independientemente de las conveniencias políticas, ha resultado un éxito frente a la oscilación y el oportunismo desconcertado que caracterizó la política en este campo de los socialistas, que todavía hoy están pagando con la prisión de los antiguos jefes de Interior, Barrionuevo y Vera. Una política que llegó de la guerra sucia del GAL, auspiciada por el Ministerio del Interior y altas instancias del PSOE, a las negociaciones de Argel con ETA, pasando por todo tipo de combinaciones en ambos extremos. La liberación, sin embargo, del funcionario de prisiones Ortega Lara por la Guardia Civil (y el aterrador espectáculo de los estragos físicos y psicológicos que le dejó su atrozmente largo secuestro) así como, el procesamiento y encarcelamiento, primero, de la Mesa Nacional del partido proetarra Herri Batasuna y, luego, de la redacción del portavoz terrorista en la prensa, el periódico Eguin, resultaron, por el contrario, golpes tan contundentes o más que el gran éxito del período socialista: la detención de la dirección etarra en Bidart (País Vasco francés) el año de l992; sobre todo porque dichas detenciones y procesamientos dejaron impávida a la opinión pública vasca.
El caso es que, desde febrero de l998, venían teniendo lugar conversaciones entre representantes del Partido Nacionalista Vasco, representado por Joseba Eguibar, Juan María Ollora y Gorka Aguirre, todos ellos personajes de confianza del jefe del PNV, Javier Arzalluz (quien no ocupa, sin embargo, ningún cargo político elegido en las urnas), y representantes de Herri Batasuna, con Arnaldo Otegui (antiguo miembro de ETA político-militar y partícipe, entre otros, en el secuestro del antiguo dirigente de Unión del Centro Democrático, Javier Rupérez), Joseba Permach y el prominente abogado de los etarras y su entorno Iñigo Iruín, al que se atribuye desde la citada caída de la dirección de ETA en Bidart una labor callada pero eficaz a favor de sustituir el terrorismo por un frente político nacionalista.
Estas negociaciones, a las que el gobierno del Partido Popular dio sistemáticamente la espalda, produjeron una tremenda tensión política ya que, por parte del nacionalismo no violento (PNV y Eusko Alkartasuna) significaba romper los pactos de Ajuria Enea y Madrid que los ligaban con los partidos democráticos nacionales (PP y PSOE) y violar el "espíritu de Ermua", consistente en aislar a Herri Batasuna, particularmente en los Ayuntamientos, mientras los amigos de ETA no condenaran los crímenes de la banda. La tensión aumentó más todavía en la medida en que los terroristas, cuyo jefe, Mikel Antza -un fundamentalista del tiro en la nuca- supervisaba todas las conversaciones entre el PNV y Herri Batasuna, no renunciaron a seguir asesinando policias y, sobre todo, concejales del Partido Popular, en una cadena siniestra que se extendió desde septiembre de l997 a finales de junio de este año. En el ánimo del PNV pudo más, no obstante, el despecho por el rechazo del "plan de pacificación" del lendahakari Ardanza, que socialistas y populares encontraron inadmisible por su ambigüedad ante la Constitución y el terrorismo.
Las conversaciones entre los nacionalistas tuvieron una primera culminación el pasado junio, con la formación del "Foro de Irlanda", en pleno sarampión asimilista de los problemas vascos a la situación de Irlanda del Norte, que no pudo evitar, sin embargo, la constatación de que, desde hacía veinte años, el País Vasco disfrutaba de una autonomía más amplia que la que pueda llegar a alcanzar el Ulster si se asienta definitivamente el actual proceso de paz. Al citado "Foro" le siguieron finalmente los acuerdos de Estella (Lizarra) y la tregua de ETA. Dichos acuerdos fueron suscritos por las principales fuerzas políticas y sindicales nacionalistas y por una Izquierda Unida mezcla de leninismo y pacifismo al gusto de ETA. A estos acuerdos han hecho coro indirecto otras fuerzas nacionalistas de fuera del País Vasco, como Convergencia Democrática de Cataluña, cuyos diputados necesita el Partido Popular para mantener su mayoría parlamentaria y el Bloque Nacionalista Gallego, otro grupo de raíz leninista bastante potenciado, a costa del PSOE, en las últimas elecciones autonómicas gallegas. Todos estos grupos firmaron declaraciones confusas y ruidosas en Barcelona y Bilbao hablando de revisar la Constitución de l978 para abordar la cuestión de un "estado confederal". El portadoz de la antigua Herri Batasuna -ahora Eusko Herritarrok-, Arnaldo Otegui, valoró muy positivamente que, con dichas declaraciones, tanto el PNV como Convergencia Democrática de Cataluña hubieran empezado a entender que la Unión Europea no iba a significar el fin de los estados nacionales y que, por lo tanto, la vía autonómica estaba agotada. El caso es que, en las recientes elecciones autonómicas vascas, el PNV (cuyos resultados no fueron, por otra parte, muy brillantes) no se refirió nunca a ningún proyecto "confederal" y puede asegurarse que tampoco lo hará Convergencia en las próximas elecciones autonómicas catalanas.
Lo que sí se creó con toda esta efervescencia nacionalista en el plano político fue un cierto ambiente de triunfalismo de los grupos nacionalistas, que sirvió para atenuar el significado de derrota que la tregua de ETA implicaba. Cesaban los tiros y los asesinatos, pero parecía a punto el comienzo de la revisión constitucional y, a medio plazo, del desmantelamiento del Estado autonómico. Pero ni las citadas elecciones vascas han confirmado la ilusión "confederal", ni la satisfacción profunda ni el íntimo orgullo que han rodeado las conmemoraciones del vigésimo aniversario de la Constitución por parte de la gran mayoría de los ciudadanos españoles permiten pensar que los nacionalistas violentos o pacíficos tengan más al alcance de la mano sus siempre confusos objetivos últimos que hace veinte años. De momento, los firmantes del Pacto de Estella y más concretamente los antiguos batasunos hablan de "un ámbito vasco de decisión", consistente en una asambleas de ayuntamientos en la que estén representados, no sólo las tres provincias vascas, sino también Navarra y el País Vasco Francés. De ahí partiría la lenta construcción del "verdadero Estado vasco", frente a las estructuras político-administrativas de las Diputaciones provinciales y de la Autonomía vasca. De llevarse este empeño adelante sólo se comprobarían dos cosas: que la llamada Euskalerría de los nacionalismos vascos no existe más que en sus cabezas y ni siquiera engloba la provincia vasco-española de Alava y, en segundo lugar, el PNV, que tanto ha sacrificado a la actual aproximación nacionalista a los etarras y su entorno, entrará en una grave crisis política con grave riesgo de escisión ya que, la citada política de "construcción nacional" carece de la mayoría necesaria para abrirse camino, siquiera en las tres provincias vasco-españolas. Con toda probabilidad también, los ardores rupturistas de Otegui y sus seguidores se serenarán no poco con las abundantes rentas que les proporcionarán lo que significa de hecho una integración más profunda en las instituciones autonómicas al cesar la violencia. Pero lo que le interesa fundamentalmente a ETA en estos momentos no son todos esos proyectos políticos, sustituvos del ensueño de alcanzar "la derrota militar del Estado español", sino la liberación de sus presos. Alrededor de esta consigna las organizaciones de apoyo a ETA han recuperado sus métodos inconfundibles de agitación, presión y chantaje fascista-leninista. A pesar de lo cual, presumiblemente no va a ocurrir como en l977, cuando los etarras obtuvieron la amnistía total del gobierno de UCD sin ninguna clase de compromiso político a cambio. Ahora no es ya que la excarcelacón de los autores de secuestros y asesinatos horrendos tengan muy difícil la salida a la calle, sino que cualquier "mejora" en su situación, como la aproximación a las cárceles vascas, van a tener que pagarla en concesiones políticas constantes y sonantes.