SOCIEDAD CIVIL Y ESTADO

Elisa Chuliá

 

Invocar la sociedad civil como elemento importante de una comunidad política ha solido asociarse con posturas antiestatistas. Sin embargo, esta hostilidad al estado no se desprende del concepto de sociedad civil desarrollado por pensadores ingleses y escoceses en los siglos XVII y XVIII, como John Locke y Adam Ferguson. En las reflexiones de Locke (1690) sobre las relaciones entre el poder político y los ciudadanos, la sociedad civil representa un modelo de organización donde el poder renuncia a su capacidad de ejercer un dominio absoluto, mientras que el individuo renuncia a su libertad natural y se abstiene de tomarse la justicia por su mano. Vivir en una sociedad civil significa, por tanto, que gobierno y ciudadanía se someten a los límites de una ley común, es decir, de una ley establecida por la comunidad. La bondad de la ley y su cumplimiento dependen, según Ferguson (1767), de la participación de toda la sociedad en la legislatura. Condición indispensable para una participación genuina de la población en el gobierno del país es la libertad, la cual implica que el ciudadano puede hacer valer ante el poder unos derechos individuales y colectivos.

Entre esos derechos se encuentra, además de los relativos a las libertades políticas (información y expresión, reunión y asociación), el de la propiedad. La sociedad civil es, por tanto una sociedad en la que los ciudadanos son propietarios de bienes, establecen tratos comerciales, crean instituciones mercantiles para defender sus intereses económicos, discuten y llegan a acuerdos. Pero aunque el mercado constituya una pieza esencial de la sociedad civil, tales como la responsabilidad individual, la cooperación, la generación de confianza mutua, la negociación y el establecimiento de compromisos vinculantes.
En rigor, pues, la concepción original de la sociedad civil no encierra animadversión alguna al gobierno. Ciertamente, los filósofos que construyeron el concepto partieron de un concepto limitado: unos límites que le impidieran imponerse a los ciudadanos, neutralizando sus tratos económicos y eliminando su capacidad de participar en los asuntos públicos. Pero dentro de esos límites, el estado podía disponer de múltiples recursos para hacerse respetar por la ciudadanía y por la comunidad internacional.
Las connotaciones antiestatistas se adhirieron al concepto de sociedad civil ya en el siglo XIX. Y es que, así como en los siglos XVII y XVIII la sociedad civil era definida como una forma de convivencia superior, en la medida en que era capaz de proporcionar libertad y prosperidad (y por tanto, la felicidad individual por la que tan preocupados se sentían los escritores liberales), en el siglo XIX, la sociedad civil comenzó a ser vista como un campo de juego de intereses particulares. Karl Marx y Friedrich Engels identificaron en El Manifiesto Comunista la sociedad civil con las relaciones de producción propias del mercado capitalista. Las doctrinas marxiana y marxista desprestigiaron la sociedad civil, al tiempo que desmembraron el concepto, tal y como había sido definido por los pensadores británicos de siglos anteriores: a partir de entonces, la sociedad civil ya no sería contemplada como un modelo que comprendía una pluralidad de elementos, entre ellos, un tipo de gobierno caracterizado por el respeto a la ley. La sociedad civil se convirtió en algo netamente diferenciado del estado, incluso contrapuesto a él. En efecto, la sociedad civil precisaba ser controlada por el estado para mitigar los desequilibrios generados por un sistema de producción explotador y abocado a continuas crisis. De esta manera se impuso la visión antagónica de sociedad civil y estado.
En la medida en que la historia del siglo XX ha puesto de manifiesto que muchos de los peligros que se ciernen sobre la humanidad provienen de estados fuertes con proyectos ambiciosos que sólo creen poder realizar sometiendo a la población, el concepto de sociedad civil se ha ido desprendiendo de sus connotaciones más negativas. Sin embargo, en general, se ha mantenido la disociación entre la dimensión política y social del concepto. Por sociedad civil se entiende mayoritariamente una esfera de diferentes instituciones sociales, con un grado de autonomía notable del estado. Las definiciones del concepto enfatizan en ocasiones diferentes aspectos, pero suelen exhibir una base común que denota si no un mismo significado, sí al menos un conglomerado de significados complementarios y orientados hacia un modelo análogo. Por poner dos ejemplos, Jeffrey Alexander (1998) identifica la sociedad civil con una comunidad solidaria, que posee códigos culturales democráticos y actúa de acuerdo con un conjunto de instituciones y de prácticas de interacción caracterizadas por la sociabilidad, la equidad, la crítica y el respeto; por su parte, Víctor Pérez Díaz (1993) describe la sociedad civil (sensu stricto, "sociedad civil dos", para distinguirla de la "sociedad civil uno", que incluye el gobierno sometido a la ley) como un entramado institucional formado por asociaciones voluntarias, mercados y una esfera de debate público. En uno y otro caso, la sociedad civil representa un referente normativo contra el cual cabe contrastar situaciones concretas y averiguar el grado de aproximación al ideal; un ideal que ni se opone ni excluye al estado, pero que exige un tipo de gobierno respetuoso de la ley y dispuesto a escuchar y tener en cuenta la preferencias políticas de la ciudadanía.
Evidentemente, los regímenes dictatoriales son incompatibles con este tipo de gobierno. Es cierto que algunas dictaduras consolidadas actúan de acuerdo con la legalidad establecida, pero ésta no es una legalidad surgida de la participación de toda la ciudadanía. Por mucho que subraye el discurso de un régimen no democrático la importancia que posee la opinión de los ciudadanos en la dirección del país, las dictaduras coartan la expresión pública de las preferencias políticas auténticas de muchos de ellos. En regímenes no democráticos en los que la ideología juega un papel accesorio, los ciudadanos cuyas preferencias políticas no coinciden con las del régimen tenderán a callarse, intentando pasar desapercibidos. Por el contrario, en dictaduras que movilizan ideológicamente a la población, una parte de esos ciudadanos propenderá a falsificar sus preferencias, es decir, a expresar públicamente opiniones que no comparte para evitar suscitar sospechas de disentimiento.
Ahora bien, aun cuando el control social de los regímenes no democráticos pueda alcanzar altos grados de perfección, es muy probable que existan espacios privados o semiprivados en los que los individuos puedan expresar sus auténticas preferencias. James Scott ha descrito cómo surgen y se extienden esos ámbitos de libertad en contextos políticos no democráticos. Esos espacios y las tradiciones de conversación libre y crítica pública que en ellos se desarrollan pueden considerarse semillas de sociedad civil.
Pero el crecimiento de esas semillas, la emergencia de la sociedad civil a la superficie pública, no se puede dar bajo condiciones de miedo. Cuando la población teme las consecuencias de hablar libremente, no desconfía sólo de la autoridad, sino también del prójimo. Esa desconfianza le lleva a callarse, a guardar para sí y para sus más íntimos la expresión de sus convicciones. La falta de comunicación con sus vecinos le impide conocer la distribución real de las opiniones favorables y contrarias al régimen, fomentando así un fenómeno que los científicos sociales han denominado "ignorancia pluralista". Como este desconocimiento inhibe al ciudadano particular de salir con sus críticas a la plaza pública y participar en actos de protesta, los gobiernos no democráticos poseen un claro interés en perpetuarlo. Un instrumento crucial para conseguir este objetivo son los medios de comunicación, cuyo grado de control gubernamental indica hasta qué punto los dirigentes de la dictadura pretenden aislar a los ciudadanos de su entorno real, pero también hasta qué punto temen el desarrollo de una opinión pública independiente del estado.
Como se ha puesto de manifiesto, en algunas transiciones democráticas de los países del Este de Europa, la quiebra de esa ignorancia pluralista es clave para poner en marcha un proceso de cambio de régimen. Esta tesis, defendida convincentemente por Timur Kuran (1992), perfila los argumentos de aquellos autores que han atribuido una importancia central a la sociedad en las transiciones a la democracia, como Pérez Díaz (1993: 75), según el cual éstas "dependen de la existencia previa de determinadas tradiciones sociales y de una nueva cultura política". Dependiendo del grado de erosión de la ignorancia pluralista, de la importancia cuantitativa de los desafectos al régimen y de la capacidad de la oposición política para movilizarlos, pueden producirse diferentes resultados: desde el prudente lanzamiento de mensajes al gobierno para inducirle a introducir medidas de liberación hasta la organización de protestas masivas para forzarle a abandonar el poder.
Conviene no olvidar, sin embargo, que el restablecimiento de la democracia no implica necesariamente la consolidación de la sociedad civil. Gobiernos elegidos democráticamente pueden ejercer un poder castrante sobre la sociedad civil no sólo a través de la penetración en las instituciones sociales y la concesión de apoyos financieros mediatizados políticamente, sino también demostrándose incapaces de controlar a colectivos que atemorizan a la población, o de propiciar una distribución de la renta que evite la existencia de grandes diferencias sociales, y por tanto, la exclusión de la vida pública de ciudadanos sin recursos materiales y culturales para vivir dignamente. Los gobiernos no son, sin embargo, los únicos agentes que pueden amenazar a la sociedad civil. Determinadas instituciones no gubernamentales, como las "iglesias" o las grandes empresas de comunicación, también pueden concentrar un poder mediante el cual intenten monopolizar la discusión pública y marginar del debate a quienes no se sometan a sus principios ideológicos y/o intereses económicos.
Retornando a la reflexión con la que arranqué este texto, reivindicar la importancia de la sociedad civil no equivale a argumentar contra el estado. Sí equivale, en cambio, a oponerse a un tipo de estado, concretamente, al que restringe la capacidad de los ciudadanos de adquirir información de fuentes plurales a través de publicaciones y medios de comunicación no censurados, desarrollar opiniones críticas propias, reunirse y conversar sin miedo sobre los problemas que afectan a la comunidad, asociarse de acuerdo con sus intereses particulares y expresar libremente su voluntad política. Si bien esas condiciones sólo pueden darse en sistemas políticos democráticos, la existencia de una democracia formal no garantiza automáticamente su vigencia. La falta de estas condiciones no es óbice, sin embargo, para que la población vaya tejiendo redes de discusión social y prácticas de encuentro e intercambio de argumentos. Esas redes constituyen la trama elemental de la sociedad civil, que, una vez adquiere cierta consistencia, puede desempeñar un papel decisivo en el desplome de una dictadura. En regímenes democráticos, a esa sociedad civil debe estar reservado el protagonismo en la vida política, económica, social y cultural; y a su servicio debe trabajar el estado, al que le corresponde la importantísima tarea de garantizar las condiciones de libertad y justicia para que la sociedad civil pueda desempeñar ese papel protagonista.